El programa Erasmus+ es conocido por la promoción de becas de estudio en universidades de la UE pero llega mucho más allá; fomenta alianzas entre organizaciones para mejorar los procesos educativos y compartir conocimiento, más allá de las aulas universitarias. Un ejemplo de ello es el proyecto ESMYA, Education for Sentenced Minors and Young Adults.
Dentro del programa Erasmus+ se desarrollan tres líneas de actuación: la movilidad para el aprendizaje, el apoyo a políticas educativas y la cooperación. A lo largo de tres décadas la Unión Europea ha concedido tres millones de becas de estudio en países miembro y también en 5 universidades turcas. Por su parte, en el área de cooperación se han desarrollado programas que van más allá de las alianzas que se establecen entre instituciones académicas y la educación universitaria. De hecho, Erasmus+ ha permitido la consolidación de 25.000 alianzas estratégicas, 150 alianzas en áreas de conocimiento y 1000 asociaciones para la capacitación.
Dentro de este ámbito de la cooperación un grupo de organizaciones de ocho países miembros, ha desarrollado el programa “Education for Sentenced Minors and Young Adults, ESMYA”. Su objetivo durante tres años ha sido el de mejorar los procesos de educación y mejora de habilidades para el empleo de menores y jóvenes que se encuentran bajo una medida judicial, de manera que se favorezca su acceso al empleo y se reduzca la reincidencia.
La Fundación para la Atención Integral del Menor (España) ha sido la organización coordinadora del proyecto en el que han participado el Ministerio de Justicia de Italia, el Departamento de Prisiones de Chipre, la Universidad de Limburg (Bélgica) y la Universidad Nacional para el Servicio Público (Hungría), el Centro Rumano de Educación y Desarrollo Humano, el Servicio Nacional de Libertad Condicional de Hungría y la asociación Euro-CIDES.
Para el desarrollo del proyecto y la sostenibilidad de los resultados ha sido esencial el trabajo en el fondo como en la forma de los programas con menores bajo medida judicial teniendo en cuenta las restricciones de seguridad y la alta especialización e individualización en el apoyo educativo para los menores infractores.
Para llevar a cabo el trabajo, todas las organizaciones implementaron el mismo proyecto, basado en intervención en grupo con los menores infractores para la adquisición de habilidades para el acceso al empleo. Desde su perspectiva, cada organización analizó las posibilidades del proyecto y sus puntos débiles, de manera que ahora, todas las organizaciones, pueden beneficiarse del conocimiento que han adquirido como equipo. Las conclusiones del proyecto se presentarán en Zaragoza (España) el 30 de septiembre.